TAPA DEL DÍA La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. Fabiola Yáñez rechazó el pedido de la defensa para retrotraer la investigación y solicitó que el expediente sea elevado a juicio oral, en una definición que ahora deberá adoptar el juez federal Daniel Rafecas. La presentación fue realizada a través de sus representantes legales, Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa. En el escrito, la exprimera dama sostuvo que cualquier intento de reiniciar el proceso implicaría una dilación injustificada y una nueva afectación a sus derechos como denunciante. Según planteó la defensa de Yáñez, la investigación ya fue revisada en distintas instancias judiciales y contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló la legalidad de las actuaciones. En ese sentido, advirtió que retrotraer el expediente a “foja cero” no solo carece de sustento jurídico, sino que podría interpretarse como un intento de desnaturalizar el avance del proceso. El planteo de la defensa de Alberto Fernández El expresidente busca que se declare la nulidad de gran parte de la instrucción, argumentando que estuvo inicialmente a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado por la Cámara Federal de Casación Penal por una presunta enemistad manifiesta. Sin embargo, el tribunal que dispuso el apartamiento dejó en claro que la decisión no afectaba la validez de los actos procesales ya cumplidos. Esa definición es uno de los puntos centrales en los que se apoya la postura de Yáñez y del fiscal Ramiro González, quien también rechazó el pedido de la defensa. En un dictamen contundente, el fiscal cuestionó el enfoque del exmandatario y consideró improcedente el intento de anular lo actuado. Para la acusación, la causa cuenta con respaldo probatorio suficiente y debe continuar su curso hacia el debate oral. Las acusaciones y el estado del expediente Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas y por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en el marco de una causa encuadrada en violencia de género. La imputación incluye hechos que, según la denuncia, se habrían extendido entre 2016 y 2024. La acusación sostiene que existió un patrón de violencia psicológica sistemática, caracterizado por hostigamientos, controles, descalificaciones y episodios que habrían impactado en la salud de la denunciante. También se investiga un presunto intento de impedir que Yáñez recurriera a la Justicia. Entre los elementos incorporados al expediente figuran imágenes difundidas en 2023 que muestran lesiones físicas, mensajes enviados por WhatsApp y declaraciones de médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados. Además, se analizaron registros oficiales, historias clínicas y comunicaciones telefónicas. La decisión que deberá tomar Rafecas El juez Daniel Rafecas deberá resolver si hace lugar al pedido de nulidad planteado por la defensa del exjefe de Estado o si, como reclaman la querella y el fiscal, la causa se encuentra en condiciones de avanzar hacia el juicio oral. La definición no solo tendrá impacto procesal, sino también institucional. Se trata de un expediente que involucra a quien ocupó la Presidencia de la Nación y que, por la naturaleza de los hechos investigados, concentra una fuerte atención pública. En términos estrictamente jurídicos, el debate gira en torno a la validez de lo actuado y al derecho de las partes. Pero en el plano político e institucional, el caso vuelve a colocar bajo análisis la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a denuncias de esta gravedad y la capacidad del sistema judicial para dar respuestas claras y oportunas. La resolución de Rafecas marcará el próximo paso de un proceso que, más allá de su desenlace, ya dejó una señal inequívoca: cuando las acusaciones alcanzan a las más altas esferas del poder, la exigencia de transparencia y rigor institucional se vuelve aún mayor. TAPA DEL DÍA
